La Federación Universitaria Argentina, junto a otras entidades del sector, convocó a una movilización nacional para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025.
La cuarta marcha federal universitaria se realizará el martes 12 de mayo de 2025. La convocatoria, realizada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, está dirigida a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad en general, con concentraciones en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización se concentrará frente a la Casa Rosada.
El reclamo central es la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. Esta norma establece un refuerzo en los fondos para las universidades públicas y contempla una recomposición salarial retroactiva a 2023. Sin embargo, su ejecución fue suspendida por el Poder Ejecutivo, que solicitó al Congreso la definición de las fuentes de financiamiento. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaron este veto, pero la ley aún no se aplica.
Debido a esta situación, el sistema universitario continuará en 2025 con el mismo presupuesto que en 2023, ya que el correspondiente a 2024 nunca fue aprobado. Según datos del sector, los salarios docentes universitarios registran una pérdida de poder adquisitivo de casi un 34%, ubicándose en los niveles más bajos de las últimas dos décadas.
Por otro lado, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para no aplicar los aumentos salariales y de becas ordenados por fallos judiciales. La postura oficial sostiene que la ley no especifica su financiamiento y que su cumplimiento, según un informe del Ministerio de Economía, requeriría destinar el 90,3% de los créditos para gastos primarios del Estado exclusivamente a las universidades, lo que, afirman, afectaría el funcionamiento de los tres poderes del Estado.
Paralelamente, según informaciones publicadas, el oficialismo buscaría reactivar en el Congreso un nuevo proyecto de ley que derogue la norma actual y la modifique para reducir su impacto fiscal.
