La gobernadora Kathy Hochul anunció cambios en la normativa, que incluyen eliminar la obligatoriedad de la denuncia policial para acceder a compensaciones económicas y ampliar los montos y beneficios disponibles.
El estado de Nueva York incorporó modificaciones en la normativa que regula la asistencia a personas afectadas por delitos. La gobernadora Kathy Hochul formalizó enmiendas que alteran el acceso a compensaciones y servicios.
Según el comunicado oficial, uno de los cambios centrales es que ya no será obligatorio presentar una denuncia ante la policía para solicitar compensación económica, un requisito vigente durante décadas. A partir de ahora, se aceptarán otros documentos emitidos por profesionales o instituciones. Esta medida busca facilitar el acceso a personas que evitan el contacto con el sistema judicial por diversos motivos, como temor a represalias o situaciones vinculadas a su estatus migratorio.
La actualización se da en el marco de la Semana de los Derechos de las Víctimas del Crimen, establecida entre el 19 y el 25 de abril, con el objetivo de visibilizar el trabajo de organismos públicos y redes de asistencia.
«Como hija orgullosa de una madre que se dedicó a ayudar a las víctimas de violencia doméstica, mantengo mi firme compromiso de garantizar que las víctimas y sobrevivientes de delitos tengan acceso al apoyo y los servicios que necesitan para sanar», declaró Hochul.
Las enmiendas también introducen ajustes en los montos de reembolso y en las condiciones de acceso a ciertos beneficios. Se incrementó el límite para gastos funerarios y se amplió el acceso a compensaciones para personas afectadas por fraudes financieros. Además, se extendió la cobertura de tratamientos preventivos vinculados a agresiones sexuales, eliminando restricciones de edad previas.
El estado mantiene un esquema sin límite para gastos médicos y atención psicológica, permitiendo cubrir estos servicios durante el tiempo necesario. Otro ajuste extiende el período disponible para presentar solicitudes de compensación, brindando mayor margen a los afectados.
La Oficina de Servicios a Víctimas, que administra estos programas, trabaja con una red de más de 250 programas comunitarios. Como parte de las acciones, se implementaron iniciativas para ampliar la difusión de los servicios, incluyendo un programa que integra proyectos artísticos.
Las autoridades señalaron que el financiamiento de estos programas proviene de multas y cargos aplicados a personas condenadas, sin utilización de fondos provenientes de impuestos.
