El Ejecutivo oficializó este viernes la llamada ley de glaciares, publicada en el Boletín Oficial con el número 27.804, apenas dos semanas después de su aprobación en Diputados. La norma disminuye las superficies con protección ambiental, habilita la actividad minera en sectores hasta ahora vetados y delega más atribuciones a las provincias para gestionar sus territorios.
Desde el Gobierno destacaron que la modificación busca fomentar inversiones y promover la explotación de recursos como cobre y litio. En la Cámara baja la iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones; en el Senado fue aprobada con 40 votos positivos, 31 negativos y 1 abstención, en medio de un debate tenso.
Qué cambia con la norma
La ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, definiéndolos como reservas estratégicas de agua y también como fuentes para investigación y turismo. El Ianigla conserva la titularidad del registro técnico, pero las autoridades locales podrán retirar o incorporar áreas al listado siempre que lo justifiquen con criterios científicos.
Quienes respaldan el texto sostienen que la norma busca “destrabar” proyectos mineros paralizados por la reglamentación anterior, y acotan las prohibiciones de exploración y explotación solo a zonas con importancia hídrica comprobada. La discusión pública incluyó movilizaciones y pronunciamientos de distintos sectores.
“En los glaciares y en el ambiente periglacial identificados por la autoridad competente de la jurisdicción respectiva queda prohibida la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para investigación científica y las prevenciones de riesgos y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales”
La reacción científica
La comunidad científica rechazó en bloque la reforma: investigadores del Ianigla, asociaciones y la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales alertaron sobre el impacto en el acceso al agua. El Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la UBA y redes científicas pidieron sin éxito que los legisladores frenaran el proyecto por los riesgos a largo plazo.
El debate continúa abierto: defensores de la iniciativa hablan de impulso productivo y desarrollo energético; críticos advierten sobre la descentralización de criterios técnicos y el posible debilitamiento de la protección de recursos hídricos. La promulgación de la ley de glaciares marca el inicio de esa nueva etapa regulatoria y política.
Fuente: La 100
